La ley de residuos es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que regula la prevención, producción y gestión de residuos, así como el régimen de los suelos contaminados en España. Esta ley de residuos y suelos contaminados establece obligaciones para numerosas empresas: desde separar y almacenar correctamente sus residuos hasta conservar documentos que acrediten su tratamiento.
En este artículo explicamos a quién afecta, qué registros exige, qué impuestos y sanciones contempla y cómo comprobar su cumplimiento.
Cumplir la ley de residuos no consiste únicamente en reciclar. Las empresas deben identificar los residuos que generan, gestionarlos mediante los canales adecuados y mantener la documentación necesaria para demostrar su trazabilidad.
¿Qué es la ley de residuos y suelos contaminados y qué regula?
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular es la norma básica estatal que regula la prevención, producción y gestión de residuos, la comercialización de determinados productos en relación con los residuos que generan, los instrumentos económicos aplicables y la prevención y recuperación de suelos contaminados.
Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril de 2022 y entró en vigor el 10 de abril de 2022, con la excepción de las disposiciones fiscales de su título VII, que comenzaron a aplicarse el 1 de enero de 2023.
La norma establece un marco común para toda España, aunque su aplicación implica a diferentes administraciones. El Estado define la legislación básica, las comunidades autónomas ejercen competencias de autorización, control y gestión, y las entidades locales asumen funciones relacionadas con los residuos de su competencia.
Ley 7/2022: datos clave
Ficha resumen de la normativa española sobre residuos.
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Norma | Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. |
| Publicación | 9 de abril de 2022, en el BOE. |
| Entrada en vigor | 10 de abril de 2022, con excepciones. |
| Medidas fiscales | Entrada en vigor el 1 de enero de 2023. |
| Ámbito | Prevención y gestión de residuos, productos relacionados con su generación y suelos contaminados, con las exclusiones y regímenes específicos previstos legalmente. |
La regulación alcanza distintas actividades empresariales, desde la fabricación y comercialización de productos hasta la gestión de residuos industriales. En este último ámbito, es importante conocer los requisitos específicos de cada material, como ocurre con la gestión de residuos inertes.
Puedes consultar el texto de la Ley 7/2022 en el BOE para revisar su contenido y modificaciones.
Para qué sirve y qué se entiende por economía circular
Uno de los objetivos principales de la ley de residuos es impulsar la transición hacia una economía circular, contribuyendo al uso eficiente de los recursos, a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio marino.
La economía circular propone aprovechar los materiales durante más tiempo mediante la reducción del consumo de recursos, la reutilización, la reparación y el reciclaje. Frente al modelo lineal de producir, utilizar y desechar, busca reducir la generación de residuos y reincorporar materiales al ciclo productivo cuando sea posible.
La legislación establece una jerarquía de gestión que prioriza la prevención, seguida de la preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de valorización y, finalmente, la eliminación.
Para las empresas, esto implica revisar cómo utilizan las materias primas, qué residuos generan y qué oportunidades existen para recuperar materiales. En este sentido, ILUNION Economía Circular contribuye a impulsar este modelo a través de soluciones que favorecen el aprovechamiento de los recursos.
Principales novedades de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados introdujo cambios relevantes respecto al marco anterior:
- Plásticos de un solo uso: incorpora restricciones y medidas de reducción para determinados productos.
- Responsabilidad ampliada del productor: actualiza el marco de obligaciones de quienes ponen determinados productos en el mercado.
- Recogida separada: refuerza la separación de residuos y amplía las obligaciones a nuevas fracciones.
- Régimen sancionador: actualiza la clasificación de infracciones y las sanciones aplicables.
- Suelos contaminados: revisa su regulación e incorpora mecanismos de información sobre declaraciones y descontaminaciones voluntarias.
- Fiscalidad ambiental: establece dos impuestos relacionados con los envases de plástico no reutilizables y con determinadas operaciones de eliminación y tratamiento de residuos.
Estas medidas buscan reducir los residuos destinados a eliminación y fomentar alternativas de tratamiento y valorización. En este contexto, las plantas de tratamiento ILUNION forman parte de la actividad de recuperación y gestión de materiales.
Diferencia entre la Ley 7/2022 y la Ley 22/2011
La Ley 7/2022 sustituyó a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que había incorporado al ordenamiento español la Directiva Marco de Residuos.
La nueva norma mantiene principios esenciales del sistema anterior, pero refuerza las medidas de prevención, la recogida separada, la responsabilidad ampliada del productor y los instrumentos económicos destinados a impulsar la economía circular.
Comparativa entre la Ley 22/2011 y la Ley 7/2022
Principales diferencias del marco normativo de residuos.
| Aspecto | Ley 22/2011 | Ley 7/2022 |
|---|---|---|
| Prevención | Establecía medidas y objetivos para reducir la generación de residuos. | Refuerza las obligaciones y medidas de prevención dentro del modelo de economía circular. |
| Plásticos | Regulación general de residuos y productos. | Incorpora medidas específicas para determinados productos de plástico de un solo uso. |
| Recogida separada | Establecía obligaciones para determinadas fracciones. | Amplía y refuerza la recogida separada de nuevos flujos de residuos. |
| Responsabilidad ampliada | Contemplaba un marco regulador para determinados productores de productos. | Actualiza el marco y sus requisitos mínimos. |
| Fiscalidad | No incluía los dos impuestos estatales creados por la Ley 7/2022. | Introduce impuestos sobre envases de plástico no reutilizables y sobre determinadas operaciones de gestión de residuos. |
| Sanciones | Contaba con un régimen de infracciones y sanciones. | Actualiza las infracciones y las consecuencias del incumplimiento. |
Obligaciones de la ley de residuos para las empresas
Las obligaciones de la ley de residuos dependen de la actividad de cada empresa y del papel que desempeña en la cadena de gestión. No tiene las mismas responsabilidades una organización que genera residuos en sus instalaciones que una empresa dedicada a recogerlos, transportarlos o tratarlos.
Por eso, el primer paso es identificar si la empresa actúa como productora inicial, poseedora, transportista, gestora o productora de productos sujetos a obligaciones específicas.
Empresas a las que se aplica la ley
La normativa afecta a distintas actividades económicas, independientemente de que la gestión de residuos sea o no su actividad principal.
- Empresas productoras de residuos: organizaciones que generan residuos como consecuencia de sus actividades industriales, comerciales o de servicios.
- Empresas poseedoras: entidades que tienen residuos bajo su control, aunque no los hayan generado inicialmente.
- Transportistas y gestores: empresas que realizan profesionalmente actividades de recogida, transporte, valorización o eliminación.
- Productores de productos: fabricantes, importadores u otros operadores que ponen determinados productos en el mercado y pueden estar sujetos a responsabilidad ampliada.
La ley de residuos también contempla exclusiones y regímenes específicos para determinados materiales o actividades. Además, las comunidades autónomas y las ordenanzas municipales pueden establecer requisitos adicionales dentro de sus competencias.
Obligaciones del productor y del poseedor de residuos
El productor inicial es quien genera residuos mediante su actividad. El poseedor es quien los tiene en su poder, sea o no el productor inicial.
Ambos deben atender las obligaciones que les correspondan conforme a la ley, entre ellas:
- Identificar los residuos: conocer su naturaleza, origen y peligrosidad.
- Aplicar la jerarquía de residuos: priorizar la prevención y las opciones de gestión que correspondan.
- Garantizar una gestión adecuada: tratar los residuos conforme a la normativa o entregarlos a entidades habilitadas.
- Separar y almacenar: evitar mezclas indebidas y mantener las condiciones exigibles para cada residuo.
- Conservar la documentación: disponer de los justificantes y registros exigidos para acreditar su gestión.
La entrega de los residuos a un tercero no elimina automáticamente todas las responsabilidades del productor inicial o del poseedor. La ley establece las condiciones en las que se cumplen sus obligaciones y se documenta correctamente la gestión.
Obligaciones para los residuos peligrosos
Los residuos peligrosos requieren medidas de control reforzadas debido a los riesgos que pueden representar para la salud y el medio ambiente.
Las empresas que los producen o gestionan deben prestar especial atención a su clasificación, separación, envasado, etiquetado, almacenamiento y traslado, además de cumplir las obligaciones de información que correspondan.
La ley de residuos también contempla planes de minimización para los productores de residuos peligrosos, con las excepciones legalmente previstas. Estos planes permiten identificar actuaciones destinadas a reducir tanto la cantidad de residuos generados como su peligrosidad.
Por tanto, antes de establecer un procedimiento interno, conviene revisar qué requisitos concretos corresponden a cada instalación, actividad y tipo de residuo.
Gestión de los residuos en la empresa y cumplimiento de la ley de residuos
La gestión de residuos comienza en el momento en que se generan y continúa hasta su tratamiento o destino final. Para cumplir la ley de residuos, las empresas necesitan organizar este recorrido y documentar las operaciones que correspondan.
De forma general, el proceso puede dividirse en tres fases:
- Clasificar. Identificar los residuos y determinar qué requisitos les corresponden.
- Separar y almacenar. Mantenerlos en condiciones adecuadas hasta su retirada.
- Entregar a un gestor habilitado. Comprobar su autorización o comunicación y conservar los documentos de trazabilidad.
Clasificación de los residuos
La clasificación permite determinar cómo debe gestionarse cada residuo. Una distinción fundamental es la que existe entre residuos peligrosos y no peligrosos, aunque también pueden clasificarse por su origen, como domésticos, comerciales o industriales.
La identificación debe atender a la naturaleza y composición del residuo, así como a los criterios y códigos de clasificación aplicables. En España se utiliza la Lista Europea de Residuos (LER), conforme a la normativa correspondiente.
Ejemplos y criterios generales para su gestión.
| Tipo de residuo | Ejemplos | Tratamiento general |
|---|---|---|
| Residuos peligrosos | Determinados disolventes, aceites usados o materiales contaminados con sustancias peligrosas. | Gestión específica conforme a su peligrosidad, mediante operadores habilitados y con controles reforzados. |
| Residuos no peligrosos | Papel, cartón y determinados materiales de embalaje no contaminados. | Separación y gestión mediante los sistemas de recogida o tratamiento correspondientes. |
| Residuos comerciales | Cartón, envases y otros residuos generados en establecimientos comerciales. | Gestión según su composición y las obligaciones aplicables, incluidas las ordenanzas locales. |
| Residuos industriales | Restos de fabricación, materiales sobrantes y residuos de mantenimiento. | Clasificación por naturaleza y peligrosidad, con tratamiento adecuado a cada flujo. |
Estas categorías no son excluyentes. Por ejemplo, un residuo industrial también puede ser peligroso. Por eso, su clasificación debe realizarse de manera individualizada y no únicamente por el sector de actividad que lo genera.
Separación y almacenamiento de los residuos
La separación en origen facilita el reciclaje, evita la contaminación de materiales aprovechables y contribuye a cumplir las obligaciones de recogida separada previstas en la ley de residuos.
Para organizar correctamente el almacenamiento, es recomendable:
- Utilizar recipientes adecuados: seleccionar contenedores compatibles con las características de cada residuo.
- Identificar los materiales: incorporar el etiquetado exigible, especialmente en los residuos peligrosos.
- Separar los flujos: evitar mezclas que dificulten su gestión o estén prohibidas.
- Delimitar las zonas: disponer de espacios apropiados y señalizados cuando corresponda.
- Controlar las retiradas: organizar la recogida para respetar los plazos máximos de almacenamiento aplicables.
- Formar a los empleados: explicar dónde debe depositarse cada residuo y cómo actuar ante incidencias.
Las condiciones y plazos concretos varían según el tipo de residuo y la actividad. Por ello, deben comprobarse antes de definir el procedimiento interno.
Contar con equipamiento para la segregación en origen puede facilitar la organización de los distintos flujos de residuos dentro de las instalaciones.
Contratación de un gestor autorizado
Un gestor de residuos es una persona física o jurídica que realiza operaciones de gestión de residuos, sujetas a las autorizaciones o comunicaciones que correspondan.
Antes de contratar un servicio, la empresa debe comprobar que el operador está habilitado para realizar las actividades previstas y gestionar los tipos de residuos que va a recibir.
Una revisión básica debería incluir:
- Autorización o comunicación: comprobar la habilitación administrativa que corresponda a la actividad.
- Residuos admitidos: verificar que el gestor puede operar con los códigos y materiales correspondientes.
- Contrato de tratamiento: formalizarlo cuando resulte exigible para el traslado y tratamiento de los residuos.
- Documentación de traslado: acordar cómo se emitirán y conservarán los documentos necesarios.
- Acreditación de la gestión: disponer de los justificantes y certificados que correspondan a las operaciones realizadas.
Esta revisión ayuda a mantener la trazabilidad y a reducir los riesgos de una gestión incorrecta. Para ampliar información, consulta nuestro artículo sobre gestión de residuos industriales.
Documentación y registros que exige la ley de residuos
La ley de residuos establece obligaciones de información y registro para determinados productores y gestores, con el objetivo de facilitar la trazabilidad desde el origen del residuo hasta su destino.
Entre los principales instrumentos se encuentran el archivo cronológico, las memorias de información y los documentos que acompañan a los traslados. Su aplicación depende del tipo de actividad y de los residuos gestionados.
Archivo cronológico de residuos y quién debe llevarlo
El archivo cronológico es un registro electrónico que recoge, de manera ordenada, información sobre los residuos producidos o gestionados.
Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, deben disponer de él las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, con las excepciones previstas en la propia norma.
El archivo recoge, según corresponda:
- Cantidad: volumen o peso de los residuos producidos o gestionados.
- Naturaleza y origen: identificación del residuo y de su procedencia.
- Operaciones de gestión: información sobre reutilización, reciclaje, valorización o eliminación.
- Destino: instalación o entidad receptora, cuando corresponda.
- Transporte y tratamiento: frecuencia de recogida, medio de transporte y método previsto cuando resulten aplicables.
La información del archivo cronológico debe conservarse durante al menos cinco años y estar disponible para las autoridades competentes.
Memoria anual de residuos
La memoria anual de residuos resume la información sobre la producción o gestión realizada durante un ejercicio y permite a la Administración efectuar el seguimiento de determinadas actividades.
El artículo 65 de la Ley 7/2022 establece obligaciones de presentación para determinados operadores, entre ellos quienes realizan profesionalmente operaciones de recogida y tratamiento, los productores de residuos peligrosos y otros agentes contemplados en la norma.
Con carácter general, para los sujetos obligados por dicho artículo, la memoria debe remitirse antes del 1 de marzo del año siguiente al que corresponden los datos, con el contenido exigible y ante la administración competente.
No obstante, es importante revisar los procedimientos y modelos establecidos por cada comunidad autónoma, así como las particularidades de la actividad, para determinar qué documentación debe presentar cada empresa.
Documentos que acreditan la trazabilidad
Además de los registros, la ley de residuos y la normativa de traslados establecen documentos que permiten identificar los residuos, sus responsables y las operaciones realizadas.
Entre los más relevantes se encuentran:
Documentación para la trazabilidad de residuos
Principales documentos utilizados en los traslados y tratamientos.
| Documento | Para qué sirve | Quién lo prepara o tramita |
|---|---|---|
| Contrato de tratamiento | Establece las condiciones de aceptación y tratamiento de los residuos. | Se formaliza entre el operador del traslado y el destinatario, según la normativa aplicable. |
| Documento de identificación | Permite identificar y seguir el residuo durante su traslado. | El operador del traslado es responsable de su emisión y tramitación conforme al procedimiento aplicable. |
| Notificación previa de traslado | Comunica determinados traslados sujetos a este procedimiento. | La presenta el operador del traslado ante la autoridad competente cuando resulta exigible. |
| Archivo cronológico | Registra ordenadamente los residuos y operaciones realizadas. | Lo mantiene cada sujeto obligado conforme a su actividad. |
No todos los traslados requieren exactamente la misma documentación. Su aplicación depende del tipo de residuo, del destino y de la operación prevista. Por ello, es necesario revisar los requisitos de la Ley 7/2022 y del Real Decreto 553/2020, que regula los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado.
Impuestos y sanciones de la ley de residuos
La ley de residuos incorpora instrumentos económicos para incentivar la prevención, la reutilización y el reciclaje, así como un régimen sancionador para los incumplimientos.
Los dos impuestos estatales creados por la Ley 7/2022 entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Su aplicación depende de las operaciones realizadas y de los supuestos previstos legalmente.
Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables
El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables grava, en los supuestos previstos por la ley, la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de determinados productos que contienen plástico no reutilizable.
Su finalidad es reducir la generación de residuos de envases plásticos y favorecer alternativas que permitan un uso más eficiente de los recursos.
Entre los posibles contribuyentes se encuentran los fabricantes, importadores y adquirentes intracomunitarios que realizan operaciones sujetas al impuesto.
Para determinar si una empresa está obligada a declararlo, es necesario comprobar los productos afectados, las operaciones realizadas y los supuestos de exención o no sujeción previstos en la normativa.
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos
El segundo tributo es el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Este impuesto grava determinadas entregas de residuos para su eliminación en vertederos o su tratamiento en instalaciones de incineración y coincineración, conforme a los supuestos establecidos en la ley.
Su objetivo es desincentivar estas operaciones y favorecer alternativas de gestión situadas en niveles superiores de la jerarquía de residuos, como la preparación para la reutilización y el reciclaje.
La aplicación del impuesto requiere tener en cuenta el tipo de instalación, la operación realizada y las disposiciones fiscales correspondientes.
Sanciones y multas por incumplimiento
La ley de residuos y suelos contaminados clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, en función de la conducta y de las circunstancias previstas en los artículos 108 y 109.
Entre las conductas sancionables pueden encontrarse la gestión incontrolada de residuos, el incumplimiento de obligaciones documentales o la realización de actividades sin las autorizaciones o comunicaciones exigibles.
Sanciones de la Ley 7/2022
Clasificación y cuantías generales previstas en el artículo 109.
| Tipo de infracción | Ejemplos orientativos | Sanción económica |
|---|---|---|
| Leve | Determinados retrasos documentales o incumplimientos de menor entidad. | Hasta 2.000 €. En residuos peligrosos o suelos contaminados, hasta 20.000 €. |
| Grave | Determinadas actividades sin la habilitación exigible o gestión incorrecta sin los daños graves previstos para una infracción muy grave. | De 2.001 € a 100.000 €. En residuos peligrosos o suelos contaminados, de 20.001 € a 600.000 €. |
| Muy grave | Gestión incontrolada de residuos peligrosos o conductas que ocasionen daños graves en los supuestos legalmente previstos. | De 100.001 € a 3.500.000 €. En residuos peligrosos o suelos contaminados, de 600.001 € a 3.500.000 €. |
Estas cuantías son las previstas con carácter general en la Ley 7/2022. La sanción concreta depende de la tipificación de los hechos, las circunstancias del caso y los criterios legales de graduación. Además, pueden aplicarse otras consecuencias, como la suspensión de autorizaciones o determinadas medidas de reparación.
Las ordenanzas locales también pueden establecer obligaciones y sanciones dentro de sus competencias. Uno de los problemas que aborda la normativa es el abandono de residuos en el entorno, conocido como littering.
Comprobación del cumplimiento de la ley de residuos y preparación de una inspección
Para comprobar si una empresa cumple la ley de residuos, conviene realizar una revisión interna que permita identificar qué residuos genera, cómo los gestiona y qué evidencias documentales conserva.
Este análisis también facilita la preparación de posibles inspecciones por parte de las autoridades competentes.
Una revisión básica puede organizarse en los siguientes pasos:
- Inventariar los residuos. Identificar todos los flujos generados por la actividad y los puntos donde se producen.
- Comprobar su clasificación. Revisar la naturaleza, peligrosidad y códigos aplicables a cada residuo.
- Revisar la separación y el almacenamiento. Verificar que los recipientes, las zonas de depósito y las condiciones de conservación son adecuados.
- Verificar a los gestores. Comprobar las autorizaciones o comunicaciones de las empresas que recogen, transportan o tratan los residuos.
- Examinar la documentación. Revisar los contratos de tratamiento, documentos de identificación, archivos cronológicos y memorias que correspondan.
- Comprobar las obligaciones fiscales. Determinar si las operaciones realizadas están sujetas a alguno de los impuestos establecidos por la normativa.
- Corregir las incidencias. Documentar las desviaciones detectadas y establecer medidas de mejora.
Durante una inspección, la Administración puede revisar instalaciones, procesos, registros, autorizaciones y documentación de gestión, además de realizar otras actuaciones de control previstas legalmente.
Para facilitar esta revisión, conviene disponer de una lista de comprobación actualizada:
- Inventario de residuos identificados y clasificados.
- Procedimientos de separación y almacenamiento.
- Autorizaciones o comunicaciones de los gestores contratados.
- Contratos y documentos de traslado aplicables.
- Archivo cronológico y memorias, cuando sean obligatorios.
- Documentación relativa a las obligaciones fiscales que correspondan.
- Registros de formación, incidencias y acciones correctivas.
Mantener la documentación organizada y accesible permite detectar errores, mejorar la trazabilidad y demostrar las medidas adoptadas para cumplir la normativa.
La gestión responsable de los residuos también contribuye a aprovechar materiales y avanzar hacia modelos productivos más circulares. Descubre las soluciones de ILUNION Economía Circular para la recogida, el tratamiento y la valorización de residuos, ayudando a las empresas a avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.
Preguntas frecuentes sobre la ley de residuos
¿En qué consiste la responsabilidad ampliada del productor?
La responsabilidad ampliada del productor establece obligaciones para quienes ponen determinados productos en el mercado, incluyendo la financiación y, según el régimen aplicable, la organización de la gestión de los residuos que generan. La ley de residuos actualiza su marco regulador, que se desarrolla mediante normas específicas para distintos productos y flujos de residuos.
¿Para qué sirve el Sistema electrónico de Información de Residuos?
El Sistema electrónico de Información de Residuos (e-SIR) facilita el intercambio de información entre las administraciones y los agentes implicados en la producción y gestión de residuos. Permite apoyar el seguimiento y control de determinadas operaciones y la tramitación electrónica de documentación cuando corresponde. Las obligaciones concretas dependen de la actividad y del procedimiento aplicable.
¿Qué diferencia hay entre un subproducto y el fin de la condición de residuo?
Un subproducto es una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción que, si cumple las condiciones legales, puede considerarse subproducto y no residuo. El fin de la condición de residuo se produce cuando un material que ya era residuo ha sido sometido a una operación de valorización y cumple los criterios exigidos para dejar de considerarse como tal. Ambos conceptos están regulados en la Ley 7/2022.
¿Quién debe descontaminar un suelo contaminado?
La ley de residuos y suelos contaminados establece que la obligación de descontaminar y recuperar un suelo declarado contaminado corresponde, en primer lugar, a quienes hayan causado la contaminación. Subsidiariamente, en los términos legales, puede alcanzar a los propietarios y después a los poseedores del suelo. La comunidad autónoma competente declara el suelo contaminado y determina las actuaciones necesarias. La ley también contempla procedimientos de recuperación voluntaria y mecanismos de información sobre las actuaciones realizadas.